La región alta de la Montaña de Guerrero tiende a convertirse en “foco” de intolerancia religiosa, pues en varias comunidades de esa zona, principalmente en el municipio de Tlapa de Comonfort, se enfrentan desde hace tres años casos de expulsión de familias evangélicas.
Los hechos más recientes ocurrieron el pasado 25 de febrero, cuando fueron expulsados 20 cristianos evangélicos del poblado de Tenango Tepeshi, municipio de Tlapa.
La decisión de las autoridades locales ha sido sugerir el no retorno de los evangélicos y reubicarlos en colonias de la periferia municipal.
Sin embargo, los colonos de creencia mayoritariamente católica que residen ya en estos municipios han rechazado la propuesta de realojo del presidente municipal de Tlapa, Martín Benítez Flores, aunque prosiguen los diálogos para intentar llegar a un acuerdo.
De acuerdo con expedientes y testimonios de los expulsados, recogidos por la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, y por su presidente, el pastor Arturo Farela Gutiérrez, la región se encamina a ser el nuevo San Juan Chamula, en referencia al municipio chiapaneco que fue asentamiento de miles de evangélicos “expulsados” por católicos en los Altos de Chiapas en las décadas pasadas.
Farela señaló que aun cuando han intervenido autoridades del gobierno, no se han frenado las expulsiones, pues no se tiene la fuerza necesarias para hacer respetar los derechos humanos de estas familias.
Hace tres años los afectados fueron unos 50 evangélicos del poblado de San Juan Puerto Montaña, en el mismo municipio de Tlapa.
Desde entonces el gobierno municipal decidió reubicar a los expulsados en la periferia, fundando la colonia Filadelfia, habitada por familias evangélicas que han sido expulsadas de otros poblados. Las autoridades sólo han atinado a proponer la reubicación, aceptando los hechos de estos actos que violan los derechos humanos.
Farela recordó que en diciembre de 2006, en la comunidad de Chiepetlán, los católicos sentenciaron a los evangélicos a abandonar el lugar, advirtiéndoles a funcionarios gubernamentales con los que negociaban el conflicto que se llevaran a los evangélicos o de lo contrario serían ahorcados.
Los funcionarios tuvieron que salir con las familias expulsadas, hospedándolas en casas de cristianos de Tlapa.
Farela admitió que los acuerdos a que se llegó para indemnizar a los expulsados, principalmente de Chiepetlán, fueron impulsados de manera importante por la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Ana Teresa Aranda, y el director de Asociaciones Religiosas, Salvador Beltrán, así como por el subsecretario de Asuntos Religiosos de Guerrero, Javier Bataz Benítez.
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